El 9 de marzo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, confirmó la continuación del programa de supresión de peajes en las autopistas con contratos de concesión que expiran. El 1 de septiembre de 2021 se dará un paso importante: la ruta entre Tarragona y la frontera francesa. Esta iniciativa había sido anunciada por el ministro, el 18 de junio de 2018, en una entrevista publicada, en el diario El País. El primer contrato se refería al tramo Burgos-Armiñón, en la provincia de Álava en el País Vasco español (84 km): el peaje se había suprimido a partir del 1 de diciembre de 2018. Luego fueron el tramo Alicante-Tarragona (474 km) y toda la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (94 km) los que volvieron al entorno del
Estado.
El siguiente paso, el 1 de septiembre de 2021, afecta a dos importantes tramos en Cataluña: la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell (provincia de Tarragona) y la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera (frontera francesa). La medida ha sido bien recibida por los transportistas españoles. La AP-7 es una ruta estratégica; llamada el «corredor de exportación» de frutas y hortalizas de Cataluña, Levante, Murcia y Andalucía oriental. Sin embargo, la supresión de los peajes no despeja los interrogantes sobre la futura financiación de la red española. Desde hace varios meses, José Luis Ábalos habla de la necesidad de una «reflexión» y un «debate público» sobre este tema, sin definir una posición clara. «El ministro está tirando de cajas de resonancia», dice un representante de una organización española de transportistas. El proyecto de ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte es un motivo adicional de preocupación. El proyecto de ley abre la puerta a la introducción de una ecotasa, mientras que las grandes empresas constructoras y los operadores de autopistas, muy influyentes en España, presionan mucho para que se amplíen los peajes. Sin embargo, el ministerio se ha comprometido a no introducir un «impuesto verde» sobre los vehículos pesados sin el acuerdo previo del sector.